El nuevo sistema de copago pone en alerta entidades de discapacitado y gente mayor

Hace cinco meses que entró en vigor la nueva manera de calcular el copago para los servicios no gratuitos de la Cartera de Servicios Sociales y de la ley de Dependencia. La novedad es que computa el patrimonio del beneficiario.

Hace cinco meses que entró en vigor la nueva manera de calcular el copago para los servicios no gratuitos de la Cartera de Servicios Sociales y de la ley de Dependencia. La novedad es que computa el patrimonio del beneficiario. El cambio afecta, de momento, a aquellos que han ingresado al sistema desde mayo, unas 2.686 personas según los datos oficiales. Desde Bienestar aseguran que todavía no hay fecha porque el total de 125.300 perceptores de los servicios se integren al nuevo cálculo. La implementación se hará de manera escalonada.

Antes, el importe del copago se calculaba solamente teniendo en cuenta la renta. Aunque la modificación incluye el patrimonio y los bienes, hace una serie de reducciones por cargas familiares. Por ejemplo, la vivienda habitual no explica si en ella vive alguna persona que se encuentre a cargo del beneficiario. Tampoco se tendrá en cuenta si su valor catastral es inferior a los 300.000 euros.

 La implementación se ha hecho a dos niveles. A las 2.868 personas que han recibido su Programa individual de atención a partir del 1 de mayo se los ha realizado el nuevo cálculo de manera automática. La dificultad de la implantación de la orden empieza a la hora de evaluar a los antiguos beneficiarios, un total de 125.300. Según el Departamento de Bienestar Social y Familia, la prueba piloto se está realizando con 427 expedientes de personas con discapacitado (un 15% del total de este servicio), que antes del final de septiembre tienen que entregar una declaración de responsabilidad donde reportan su patrimonio y las posibles reducciones. A pesar de todo, el Gobierno dice que todavía no hay una fecha para completar el universo de usuarios pero espera que a medida que se vayan sistematizando los grupos aumentará la velocidad de la implementación.

Algunas entidades del Tercer Sector han puesto en entredicho la efectividad de esta medida. Así, por ejemplo, según Antonio Guillén, presidente de ECOM, ”nuestra gran preocupación es que el cálculo de ingresos totales no tiene en cuenta los gastos fijos que supone vivir con la discapacidad”.

Guillén también destaca que “en su momento ya manifestamos nuestra preocupación y nuestro desacuerdo con muchos puntos de la Orden y con cómo se elaboró y presentar: sin un verdadero diálogo ni proceso participativo, sino como cosa hecha y con la única opción de presentar enmiendas en un máximo de 15 días –tiempo insuficiente para una legislación de esta magnitud-“..