El incremento del IVA de los productos sanitarios perjudicará también las entidades sociales

En el texto el Tribunal instaba al Gobierno a grabar todos estos productos sanitarios al tipo general ( 21% ), lo que constituía una amenaza para el gasto autonómico ( algunas autonomías destinan más del 50 % de su presupuesto a Sanidad) y una vez a la línea de flotación de las empresas de tecnología sanitaria , que veían peligrar una parte importante de sus ventas. Asimismo, muchas entidades sociales de ámbito socio- sanitario vieron con preocupación este aumento.

La directiva comunitaria establecía que sólo se puede aplicar un IVA reducido a los productos farmacéuticos para el cuidado de la salud y la prevención de las enfermedades (incluidos los contraceptivos y productos de higiene femenina) y los equipos médicos e instrumental para aliviar o tratar enfermedades para uso personal y exclusivo de minusválidos.

Las diferencias entre Bruselas y España se resolvieron con la sentencia que, un año después de su publicación, no se ha aplicado. En este tiempo, se ha constituido un grupo de trabajo , formado por la Agencia Española del Medicamento, la Secretaría General de Sanidad, la Dirección General de Tributos y la patronal Fenin, que aglutina 500 empresas, la principal misión ha sido tratar de mitigar el impacto de esta subida fiscal y salvar el mayor número de productos de ir grabados al 21 %.

La principal preocupación se centra en las autonomías y en las dificultades que la subida del IVA sanitario puede tener en su proceso de consolidación fiscal. A la espera de que se cierren los datos de 2013, la gran mayoría de expertos da por descontado que no cumplirán el objetivo de déficit fijado para este ejercicio (1,30%) y la aplicación de la sentencia comprometerá la consecución de la meta para 2014 (1%). Pero muchas entidades del Tercer Sector también se verán afectadas en la adquisición de algunos de los productos que necesitan para su funcionamiento ordinario.