Intenso debate sobre la ILP que pide una renta garantizada de ciudadanía
Ante la disparidad de cifras sobre el coste que tendría su implantación, ECAS pide a los partidos que se encargue un estudio económico.
El pasado 21 de abril acabaron la ronda de comparecencias al Parlamento de Cataluña en relación a la Iniciativa Legislativa Popular por una Renta Garantida de Ciudadanía. Durante las más de 80 comparecencias las entidades sociales que participaron pidieron en el Parlamento que dé respuesta con la máxima celeridad a la petición presentada con el apoyo de más de 120.000 firmas y cincuenta organizaciones.
La ILP para pedir una Renta Garantida de Ciudadanía surge con la voluntad de dar cumplimiento al artículo 24.3 del Estatuto de Cataluña, según el cual “las personas o familias que se encuentran en situación de pobreza tienen derecho a acceder a una renta garantizada de ciudadanía que los asegure los mínimos de una vida digna, de acuerdo con las condiciones que legalmente se establecen”.
Por su parte, ECAS, Entidades Catalanas de Acción Social, emitió un comunicado el cual pedía un estudio riguroso y contrastado que permita conocer el coste real que supondría, puesto que las referencias durante las comparecencias y en el debate público a diferentes modelos de renta –garantizada, básica, mínima, de subsistencia...— ha dado pie a estimaciones muy dispares, que van desde los 1.570 hasta los 52.900 millones de euros.
Por ECAS, la urgencia de una prestación como la que plantea la ILP de la RGC, agravada por la reforma pendiente de la Renta Mínima de Inserción, exige acciones inmediatas que no pueden verse pospuestas ni interrumpidas por las elecciones del 27-S, y para garantizar esta continuidad instamos las fuerzas políticas a incluir en sus programas electorales el acuerdo que adopte el Parlamento como punto de partida.
