La Taula y el Clúster Créixer firman un acuerdo para impulsar las compras conjuntas al Tercer Sector
El acuerdo busca extender la experiencia del Clúster Créixer en este campo, a otras entidades del Tercer Sector que quieran beneficiarse del ahorro que comporta comprar conjuntamente.
La presidenta de la Taula de Entidades del Tercer Sector Social de Cataluña, Àngels Guiteras y el Presidente de la Asociación Clúster Créixer, Miquel Canet firmaron el pasado día 10 un convenio de colaboración entre ambas organizaciones al servicio de las entidades del tercer sector social, basado en la cooperación para la compra conjunta y en la promoción de la compra socialmente responsable.
Mediante este convenio, el Clúster Créixer dará servicio a las federaciones y entidades de la Taula del Tercer Sector que quieran participar en los procesos de compra conjunta que lleva a cabo la asociación, con una amplia experiencia en la realización de este tipo de operaciones. En una primera etapa - correspondiente en 2012 y 2013 - Crecer ha generado un ahorro agregado para sus socios de más de 237 mil euros mediante operaciones de compra conjunta.
Así mismo, Crecer y la Taula del Tercer Sector trabajarán conjuntamente por la promoción de la Compra Socialmente Responsable, impulsando la generación de oportunidades de trabajo para las personas con especiales dificultades.
La Compra Socialmente Responsable hace referencia a la incorporación a los criterios de compra y contratación de uno o más de los siguientes aspectos sociales: oportunidades de ocupación, trabajo digno, cumplimiento con los derechos sociales y laborales, inclusión social, igualdad de oportunidades, diseño de accesibilidad para todo el mundo, consideración de los criterios de sostenibilidad, comercio ético y un cumplimiento voluntario más amplio de la responsabilidad social de las empresas. Se trata de una tendencia cada vez más presente a los ámbitos de contratación de empresas e instituciones, tal y cómo demuestra, entre otros, la recientemente aprobada Directiva 2014/24/UE sobre contratación pública, que establece que las administraciones públicas puedan priorizar los aspectos sociales y medioambientales en las licitaciones, y no sólo el precio más competitivo.
