El Constitucional suspende de nuevo las medidas contra la pobreza energética

El  Tribunal Constitucional ha admitido a trámite dos recursos del gobierno del Estado contra  el Código de Consumo de Cataluña, por un lado, y contra el decreto de reforma de la  ley catalana de comercio. La admisión a trámite de estos recursos comporta la suspensión  de las normas por un plazo no superior a cinco meses mientras el alto tribunal resuelve sobre el fondo.

El Código de Consumo fue aprobado el diciembre de 2014 para incluir medidas contra la pobreza energética y también establecía varias medidas para proteger los ciudadanos que habían subscrito  hipotecas o créditos bancarios. El Código se aprobó para sustituir un decreto que ya había suspendido el Constitucional.

Respecto a la ley de comercio, el recurso del gobierno de Madrid va contra la parte que establece que los  equipamientos comerciales no se pueden instalar fuera de la trama urbana. El gobierno del PP entiende que la regulación catalana vulnera la ley española del comercio minorista y la ley de acceso a las actividades y servicios.

Paralelamente, el Ministerio de Hacienda ha advertido al Departamento de Territorio y Sostenibilidad que presentará un recurso ante el Tribunal Constitucional si no se rectifica la Ley surgida de la ILP de medidas urgentes para afrontar la emergencia en el ámbito de la vivienda, que incluye el alquiler social obligatorio, la dación en pago,  el realojo inmediato, y también la protección de los cortes de suministros básicos que la suspensión del Código de Consumo habría dejado sin efecto. Fuentes de la Generalitat aseguraron que de momento se ha convocado la comisión bilateral Sido-Generalitat, por lo cual el Ejecutivo de Mariano Rajoy tiene tiempo hasta mayo para recorrerla.  El plazo oficial para presentar un recurso de inconstitucionalidad al TC acaba el cercano 6 de noviembre, pero con la creación de la comisión el plazo se ampliará automáticamente hasta el 5 de mayo.