La Taula del Tercer Sector quiere mejoras en el sistema para evitar cortes de luz o gas

La Taula de entidades del Tercer Sector Social de Cataluña organizó a finales de abril el curso ‘La pobreza energética: análisis y respuestas a una nueva prioridad social’ en el marco de la Universidad Menéndez Pelayo-Centro Ernest Lluch que se celebró en el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona y que va contado con la presencia de expertos nacionales e internacionales.

Durante las intervenciones del ponentes del curso se denunció que las situaciones de pobreza energética se han agravado en los últimos años en todo Europa, pero con más intensidad en Cataluña y España, debido al aumento exagerado de los precios de la energía, la disminución de la renta de las familias y la mala calidad del parque de viviendas. De acuerdo con datos del INE, entre 2010 y 2012 el porcentaje de hogares españoles que necesitan dedicar más de un 10% de sus ingresos a pagar los suministros básicos del hogar ha pasado del 7% al 17%; y las que afirman que no pueden mantenerla a una temperatura adecuada, han pasado del 6 al 9%. En Cataluña en la primera situación se  encuentran hoy 1,2 millones de personas según la Agencia de Ciencias Ambientales, y en la segunda, 385.000 la IDESCAT.

A pesar de que el Gobierno catalán ha sido pionero dentro del estado español a impulsar medidas contra la pobreza energética, a pesar de sus limitaciones competenciales, algunas de las medidas emprendidas son, o bien claramente mejorables, o bien todavía no se han puesto en marcha.

En el primer caso  encontramos la modificación del Código de Consumo de Cataluña, aprobada el pasado 29 de diciembre, para impedir cortes de suministros a las familias en situación de pobreza energética. Los criterios y los mecanismos para evitar estos cortes son tan restrictivos y complejos que a la práctica muy pocas familias se  llegan a acoger. Por eso la Taula del Tercer Sector el pasado 16 de marzo le presentó al Gobierno un documento con 7 propuestas de mejora, pero hasta hoy no ha recibido ninguna respuesta de parte del Gobierno. Las propuestas, de manera resumida son las siguientes:

1. Eliminación de la obligación de ser titular del suministro.

2. Identificación clara de las modalidades de contratación necesarias para acogerse a la medida.

3. Eliminación de la obligación de que el usuario/a tenga contratada la tarifa TUR en el gas.

4. Eliminación de la obligación de que el usuario/a tenga contratado el Bono Social eléctrico .

5. Aplicación de metodología de “Lectura Fácil” para favorecer la comprensión.

6. Mayor apoyo y facilidades en los ayuntamientos por qué pongan en marcha los procedimientos y canales correspondientes.

7. Establecimiento de medidas adicionales que complementen la modificación del código de consumo.

En el segundo caso y como fase final del circuito anterior de moratoria en el corte de suministros,  encontramos el Fondo de Suministros Básicos, que tiene que permitir cubrir la deuda de las familias que no puedan pagar las facturas. A pesar de que el Gobierno se comprometió públicamente que el Fondo entraría en funcionamiento antes de finales de febrero y aprobó una partida de 10 millones de euros en el presupuesto de la Generalitat con cuyo objeto, a estas alturas no se sabe ni cuando ni cómo se pondrá en marcha.

Por la presidenta de la Taula del Tercer Sector, Àngels Guiteras “la dimensión social de la pobreza energética es un reto hoy de tal magnitud que sólo lo podemos resolver a través de la actuación conjunta y coordinada de la ciudadanía, los movimientos sociales, las empresas, el tercer sector, los ayuntamientos y el Gobierno”. Guiteras resalta que “también tenemos que fortalecer las alianzas internacionales para hacer frente a esta nueva prioridad social”.