El Síndico propone medidas contra el incremento de la ‘pobreza energética’
La Taula del Tercer Sector ha colaborado en el informe del Síndico, que plantea la necesidad de políticas públicas que afronten esta nueva realidad.
En el marco de una actuación de oficio para analizar el creciente fenómeno social de la pobreza energética en Cataluña, el Síndico de Greuges, Rafael Ribó presentó el pasado 25 de octubre un informe en el cual constata la carencia de una política pública relativa a esta nueva realidad que permita abordarla desde una perspectiva global, transversal y coordinada. La Taula del Tercer Sector ha participado en el grupo de trabajo que ha elaborado el estudio, junto con otras entidades sociales.
Aunque no se puede cuantificar cuidadosamente el número de personas afectadas ni saber las características, la pobreza energética es el resultado de tres factores: el bajo nivel de renta, la calidad insuficiente de la vivienda y los elevados precios de los suministros básicos (electricidad, gas y agua).
La Encuesta de condiciones de vida (IDESCAT, 2011) indica que esta problemática afecta 193.000 hogares (500.000 personas aproximadamente), un porcentaje de hogares inferior al que la Unión Europea da como hogares con pobreza energética para la UE-27.
A partir de la documentación aportada, de las reuniones mantenidas con las administraciones, empresas suministradoras y organismos implicados y de las experiencias de países como el Reino Unido o Francia, el Síndico ha recomendado que se adopten un conjunto de medidas para combatir la pobreza energética en Cataluña.
Una de las propuestas consiste a establecer una “tregua invernal” que determine la no-interrupción de los suministros por impago durante el periodo invernal para las personas en situación de pobreza energética. Así mismo, el Síndico recomienda que las empresas suministradoras lleguen a acuerdos con las personas afectadas porque puedan fraccionar durante el resto del año el pago de todas o de una parte de las facturas correspondientes al periodo invernal. Además, propone que se limite la interrupción de los suministros a las personas o unidades familiares con unos ingresos inferiores al IRSC (indicador de renta de suficiencia de Cataluña).