17 de ayuntamientos catalanes anuncian multas a bancos por los pisos vacíos
El Gobierno catalán confirma que también está ultimando un nuevo impuesto a los pisos vacíos, que considera que puede ser más eficaz que las multas.
La cifra de municipios catalanes que ya han anunciado sanciones para las entidades bancarias que tengan pisos vacíos, en la línea de una moción defendida por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca ( PAH ), ha llegado a diecisiete las últimas semanas. La moción también pide que se haga un censo de los pisos vacíos en propiedad de los bancos. Barcelona ha sido la última ciudad en sumarse a la iniciativa, aunque el Alcalde Trias dijo que limitaría la medida a los barrios con problemas más flagrantes de acceso a la vivienda. La Ley de la Vivienda prevé multas de hasta 900.000 €, en casos muy graves, y las multas anunciadas podrían ser de hasta 100.000 €.
El último que falta para que el impuesto por los pisos vacíos, que se tramitará como una ley, sea aprobado por el Gobierno es un censo completo de las viviendas desocupadas en Cataluña en manos de las entidades financieras y de sus sociedades vinculadas. Al abril dijeron que había 80.000, incluidos los de los particulares. Una vez terminado este último trámite, el consejo ejecutivo ya podrá aprobar la avantproyecto de ley, y ésta podrá entrar en el Parlamento -el objetivo es que sea antes de Semana Santa , en abril - por estar aprobado antes del verano
Desde el Gobierno el Secretario de Vivienda , Carles Sala, ha advertido de que estas sanciones puede que no sean eficaces para incrementar el parque de viviendas de alquiler social, porque los bancos podrían ponerlos en alquiler en el mercado libre para evitar las sanciones. Y ha confirmado que la Generalitat está acabando de tramitar un impuesto a los pisos vacíos, que prevé que sea más eficaz y con más garantías jurídicas para lograr el objetivo de incrementar el número de viviendas vacías que se pongan a alquiler a un precio asequible. Asimismo, Carles Sala anunció que a lo largo de 2014 la Generalitat prevé poder poner en el mercado del alquiler social unas 1.000 viviendas fruto de acuerdos con los bancos.