Govern y Ayuntamientos tendrán prioridad para comprar las viviendas desahuciadas
El Gobierno anuncia un nuevo paquete de medidas, que también incluye un censo de viviendas vacías y la expropiación temporal. (Foto: Blog Josep Torta)
Un nuevo paquete de medidas impulsado con carácter de urgencia por la Generalitat, anunciado por el conseller Santi Vila el pasado 10 de marzo, otorga al Gobierno y a los Ayuntamientos preferencia de compra cuando los bancos pongan a la venta viviendas donde haya habido algún desahucio, para evitar que acaben en manos de fondos de inversión. El Gobierno ha tomado esta decisión después de detectar que buena parte de las 14.230 ejecuciones hipotecarias sobre viviendas del año pasado las adquirieron fondos de inversión internacionales.
La medida del derecho de tanteo y retracto se aplicará hasta el 2021 y afecta a los 72 municipios catalanes con más demanda de vivienda acreditada. Entre estas poblaciones se encuentran Barcelona, Badalona, l'Hospitalet de Llobregat, Girona, Tarragona, Lleida o Sabadell. Este derecho se aplicará en las transmisiones de todos los pisos provenientes de ejecuciones hipotecarias con posterioridad a abril de 2008.
La medida comportará que antes de vender alguna de estas viviendas, las entidades financieras tendrán que comunicarlo a la Generalitat, que tendrá preferencia para comprarlas por el mismo precio que la entidad financiera tenga previsto venderlas. Los ayuntamientos también podrán participar en esta adquisición.
El Gobierno podrá adquirir los inmuebles gracias a una partida presupuestaria de 8 millones de euros prevista en los presupuestos, a la previsión de ingresos del impuesto sobre pisos vacíos y con los fondos municipales de suelo y vivienda que tienen la mayoría de ayuntamientos catalanes.
Además, se sancionará los propietarios de viviendas vacíos en mal estado si no se hacen obras de rehabilitación y, si el inmueble está en uno de los 72 municipios más solicitados, la Generalitat también lo podrá expropiar temporalmente. Esto quiere decir que el Gobierno también podrá obligar a la cesión de estas viviendas por un periodo máximo de 10 años, ejecutar las obras de rehabilitación y no pagar ninguna indemnización a la entidad financiera hasta que pague el coste de la rehabilitación.
Los objetivos del plan de actuación son que las familias afectadas por ejecuciones hipotecarias o procesos de dación en pago puedan continuar viviendo a su piso, dotarse de nuevos instrumentos para movilizar pisos vacíos e incrementar el parque público de alquiler social.
La batería de medidas anunciadas por el Gobierno, que serán aprobadas próximamente mediante decreto ley, también incluye destinar ayudas para las familias residentes en viviendas de las cuales ya han sido desahuciadas. En este sentido, el Gobierno incluirá estas familias en la próxima convocatoria de ayudas al alquiler.
Finalmente, también se creará el registro de viviendas vacías. Para hacerlo, las entidades financieras u otras personas jurídicas tendrán que inscribir en un plazo de tres meses las viviendas vacías provenientes de las ejecuciones hipotecarias.
