La Taula pide al Gobierno que no venda el parco público de viviendas de alquiler

La mano dura con las familias que no pueden pagar, y un mantenimiento deficiente de los edificios, principales riesgos de pasar los pisos a manos privadas.

 

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La Taula del Tercero Sector ha hecho llegar una carta al Presidente Mas para pedirle que el Gobierno descarte cualquier operación de venta del parque público de viviendas de alquiler del Incasòl, más allá de la posible venta a sus actuales inquilinos.

El pasado día 14 de noviembre apareció a varios medios de comunicación la noticia, confirmada por el Consejero Santi Vila, de la posible venta de los 14.000 pisos de alquiler del Incasòl, a parecido del que ya ha hecho la Comunidad de Madrid. A pesar de que el Consejero remarcó que, si se produjera la venta sería para emprender nuevas promociones de vivienda social para alquilar, en la carta al Presidente Mas, la Taula del Tercer Sector le ha expresado su disconformidad con esta posibilidad porque en manso privadas estas viviendas acabarían perdiendo su función social.

En la carta, dirigida al Presidente Mas, la Taula del Tercer Sector Sostiene que es plenamente consciente de las pérdidas de la Incasòl en los últimos años y de las enormes dificultades económicas que tiene la Generalitat, pero le pide que el gobierno estudie fórmulas por remprender la construcción de vivienda pública de alquiler sociales que no pongan en riesgo la función social del parque ya existente.

La mano dura con las familias con pocos recursos que ocupan estas viviendas y que a menudo no pueden pagar el recibo de alquiler o pagarlo a tiempo, así como un deficiente mantenimiento de los edificios, son los principales riesgos que tendría el paso a manos privadas de este parque de alquiler social.

En más de una ocasión la Taula del Tercer Sector ha denunciado que el parque de alquiler social público catalán es del todo insuficiente. Sólo representa entre el 1 y el 2% del parque total de vivienda, y está muy lejos de los entre 230.000 y 300.000 viviendas de alquiler social que harían falta para garantizar el derecho a la vivienda de la población catalana.
 

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